El gobierno boliviano rechazó este martes una propuesta de la Unión Europea dirigida a sancionar a los empresarios que ofrezcan empleo a los emigrantes, entre ellos los oriundos de esta nación. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos condena esta medida que viola el irrestricto respeto a la universalidad e interdependencia de los derechos humanos, según el texto. La diplomacia boliviana expresa además que esa determinación, que podría ser aprobada en una sesión del parlamento europeo el próximo 18 de febrero, "pretende frenar el acceso a fuentes laborales del emigrante indocumentado, generando de esta manera mayor vulnerabilidad" Asimismo, señala que la norma brinda todas las condiciones para que "el extranjero sea víctima de una política migratoria represiva". El gobierno boliviano lamenta igualmente la reposición de ciertas prácticas xenófobas y racistas que han intentado ser eliminadas por la comunidad internacional. Asimismo exhorta a la Unión Europea a la revisión y reconsideración de tal medida, tomando en cuenta los acuerdos internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados en diferentes escenarios mundiales. Cerca de medio millón de bolivianos en diversos países de Europa, estarían en riesgo de perder sus actuales condiciones laborales, precisa el documento. También señala que otras organizaciones como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Grupo de Río, han rechazado enérgicamente la iniciativa de la UE., Según el mensaje de Unasur, esa medida que privilegia los conceptos de seguridad, control fronterizo, represión y migración selectiva, aleja a Europa de principios como la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. También una Declaración del Grupo del Río considera que "la llamada Directiva de Retorno y esta nueva medida no ofrecen una respuesta integral a los flujos migratorios hacia la Unión Europea". En junio de 2008, varios presidentes suramericanos, entre ellos el boliviano Evo Morales, criticaron la llamada Directiva Retorno, aprobada en el parlamento europeo, que posibilita la expulsión de inmigrantes de ese continente. En esa ocasión, los mandatarios señalaron que la norma viola los derechos humanos y el derecho internacional, al establecer prisión de hasta 18 meses, sin juicio previo, a los indocumentados.