La estrategia es la misma: usar todos los medios a su alcance para darle muerte al presidente Evo Morales y al MAS, de modo que puedan iniciar una nueva época de privilegios y explotación sin perturbaciones ni temores. Sus posibilidades son mínimas, pero consideran que vale la pena intentar todo. Al fin y al cabo, como dice el refrán: tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe. No se dan cuenta, por supuesto, que ellos son el cántaro y el pueblo es el agua.

El sistema de la corrupción

Corruptos son los que dan y quienes reciben 5 bolivianos para evitar una larga cola o pasar por encima de otros trámites, en una oficina pública o privada. Corrupto es el que engaña un pago o no devuelve un sobrante. Cierto. Pero esos hechos aislados no conforman un sistema. La corrupción que hace daño a un país, a una sociedad, es la del tráfico de influencias, el cobro ilegal de comisiones por los grandes negocios, los sobreprecios con que se engaña al Estado. Este el meollo de la corrupción. Es el centro que debe atacarse.

Hasta aquí, es correcto. La corrupción debe combatirse, caiga quien caiga. Por supuesto, mientras más alto está el acusado, mayor impacto causará la acusación que se le haga. Habrá algo así como una exculpación de todos quienes participamos en el proceso y aún de aquellos que son espectadores de la tragedia. Estamos dispuestos a emitir juicios de valor, a reunirnos para insultar al reo que condenamos de antemano y, si la ocasión es propicia, a escupirle nuestro desprecio.

Pasado el ritual, volvemos a nuestras actividades, olvidándonos del tema, seguros de que cumplimos con nuestro deber. Nada ha cambiado y, muy posiblemente, comenzó a incubarse otro acto impactante de corrupción para que, en un círculo vicioso, volvamos a descubrir, acusar, condenar y sancionar a otro culpable.
Nuevas condiciones

La promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, prevista para este fin de semana, abre la posibilidad de un ataque frontal al sistema de corrupción: el control social. Se trata de un mecanismo que ataca al núcleo del sistema, fiscalizando la acción de las autoridades y de las instituciones. No es, por supuesto, remedio definitivo; esas cosas no existen. Pero es indudable que recorta las posibilidades de perpetrar delitos de negociado y corrupción. Cierto que hay experiencias de corrupción de los mismos controles. Nunca, sin embargo, es comparable a la impunidad que produce el manejo unipersonal o de grupos reducidos.

Ese es nuestro aporte, el aporte del pueblo boliviano, a la lucha contra este delito tan difundido en todo el mundo. Debe complementarse con la ley anti corrupción, otra de transparencia y una norma sobre protección para los denunciantes. No es, ni debe ser, instrumento de un partido o de un grupo; es una herramienta de todo el pueblo para luchar contra la corrupción que, si tomamos un punto de vista más elevado, entendemos que sus dimensiones son muy amplias.

Después de todo, la crisis económica que padecemos tiene sus bases en el manejo licencioso de las finanzas. Miles de millones de dólares y euros se han gastado -porque no es inversión, sino gasto- para cubrir los negociados en las bolsas de valores más grandes del mundo.

Hace ya más de diez años, se advirtió sobre estas consecuencias. Estas bolsas trafican -no encuentro otro término, pues las operaciones de bolsa están en el límite que colinda con el delito de estafa- valores que superan el volumen total de la producción mundial y lo hacen cada tres días. ¿Cómo puede mantenerse una economía, si está a cargo de estafadores con permiso legal?

Cuando salta la pus

Es entonces cuando, en un país tan pequeño como Bolivia, salta un escándalo de violenta repercusión que salpica a altas autoridades. Es una prueba contundente, y por eso mismo estremecedora, del compromiso que tiene este gobierno para con un pueblo al que le ha prometido la lucha a muerte contra la corrupción.

El acusado debe tener derecho a la mejor defensa de que pueda dotarse. Al mismo tiempo, el pueblo debe quedar convencido de que, en el fallo final, no hubo ninguna intención de ocultare el delito, pero tampoco la hipocresía de entregar un chivo expiatorio. Ni una cosa ni otra, sino justicia. Fácil de decir, pero muy difícil de cumplir.

El hecho es conocido por todos: un alto funcionario y hombre de confianza del gobierno, se ve envuelto en una operación dolosa, con fuertes indicios de coima. Se descubre, porque hay un atraco antes que el dinero llegue a destino y, para cometerlo, los ladrones cometen asesinato. Las implicaciones laborales y familiares son tan variadas que obligan, incluso, a la intervención de la entidad que maneja el funcionario acusado.

Aquí no se trata de la amistad, ni siquiera de la confianza con él. Se trata de la relación y la confianza con el pueblo. El mensaje debe ser claro. No puede diluirse en el discurso de la culpabilidad de muchos ni en la cobardía de cargarle todo el bulto al acusado. El delito es grande y tiene varios componentes: abuso de poder, soborno, atraco, asesinato. Cada uno de éstos debe ser clarificado sin que queden vacíos. De acuerdo a ley, debe aplicarse el castigo mayor; jueces, fiscales y abogados llegarán a conclusiones. Deben hacerlo con prontitud. Es la forma en que, el gobierno del MAS, el gobierno del cambio, muestre la autoridad moral que tiene en un terreno tan peligroso como la corrupción.

Por Antonio Peredo Leigue
Febrer 5, 2009o