La conformación de la comunidad boliviana en España ha sido producto de distintas olas de migración; la más numerosa se produjo hace menos de una década y llegó a rebasar  la capacidad de atención consular instalada por el Estado boliviano. En esa situación y, como supuesta alternativa, se estructuraron redes de personas dedicadas a realizar trámites que no necesariamente utilizaban los mecanismos regulares para obtener la documentación requerida por los bolivianos y que se realizaban cobros excesivos, más allá de lo establecido por las normas. No es de extrañar que al lado de los consulados se abrieran decenas de oficinas que ofrecían servicios de “apoyo o asesoría” para obtener un pasaporte, licencia de conducir, antecedentes penales y otro tipo de documentos requeridos para regularizar su situación de residencia.